Carlos Córdoba procesado y embargado

El juez De Gamas Soler procesó el viernes a 5 de los imputados por la venta fraudulenta de viviendas sociales que eran para afiliados de ATE, a personas ajenas al sindicato. Entre los procesados está Carlos Córdoba, secretario general del gremio. Según la Justicia, hubo un “plan criminal” para quedarse con $10,4 millones que después fueron “lavados” para ingresar el dinero al circuito lícito, a través de una empresa vial de Ushuaia.

El escándalo de las viviendas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tuvo el viernes una definición judicial cuando el juez de instrucción Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de cinco de los imputados, entre ellos el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y definió como un “plan criminal” a la maniobra orquestada para vender viviendas sociales a personas ajenas al sindicato y “lavar” el dinero producido por esos actos delictivos.


De Gamas Soler escribió en su resolución (a la que accedió EDFM) que los directivos de ATE y otros allegados se unieron para organizar un plan “destinado a percibir grandes sumas de dinero de forma mal habida, utilizando un argumento tan sensible como puede ser el acceso a la vivienda propia”.


“Este plan criminal fue ideado de manera minuciosa” por los gremialistas, que de haber logrado su objetivo, “quizás nunca hubiera salido a la luz la perversa maniobra orquestada”, señaló el magistrado.


El juez explicó en su fallo que la conducción de ATE utilizó un “proyecto lícito y destacable” como lo es la construcción de 128 viviendas sociales para personas afiliadas al sindicato (en el barrio Barrancas del Río Pipo) para quedarse con 21 de esos inmuebles y “negociarlos a grandes valores económicos”, que si bien eran altos, constituían precios menores al del mercado inmobiliario privado.


“El grupo criminal se arrogó la facultad de “guardarse lugares” entre las 128 soluciones habitacionales, para comercializarlos a discreción, claramente de manera ilegal, lo que resultaría indefectiblemente en un doble perjuicio. Por un lado la estafa al que abonó valores por un departamento que luego debería volver a abonar en su integridad al IPV, y una defraudación a los afiliados legítimos de ATE que perdieron su posibilidad de acceso a una vivienda digna por la maniobra fraudulenta antes indicada”, remarcó De Gamas Soler.


Según la Justicia, la “cara visible” de la maniobra fue Miguel Arana, conocido como “Miguelón”, un empleado municipal e  integrante de la comisión de viviendas de ATE, que se encargó de “ofertar” las viviendas sociales a terceros. Junto con él intervino Daniel Belbey, otro gremialista estatal que se suicidó cuando la maniobra se hizo pública el año pasado. 


Por encima de Arana en el gremio dentro del rubro viviendas, intervino la secretaria de Acción Social  Lilian Carolina Galli, quien “lejos de desconocer las maniobras de Arana, formaba parte de la conducción de las acciones ilícitas, desempeñando un rol distinto. En su función administrativa y de gestión, participó en el sorteo realizado a efectos de conformar el listado de aspirantes a las viviendas e intercedió ante las autoridades del IPV, para solicitar se incorpore como aspirantes a quienes habían sido dados de baja por no reunir los requisitos de afiliación sindical”, indica el auto de procesamiento.


En relación a Córdoba, el juez le adjudica, como cabeza del gremio, haber intercedido junto con Galli ante el IPV, para “incluir a los postulantes dados de baja” y luego haber hecho lo propio “ante el Ministro de Gobierno de la Provincia”. 


“Su interés por hacer incluir a quienes pagaron por los departamentos sin reunir los requisitos, no pudo ser otro que el de querer garantizar su impunidad evitando las denuncias que finalmente se hicieron”, destaca el fallo. 


De Gamas Soler les atribuyó a Córdoba y a Galli “22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí”, además de “defraudación por administración fraudulenta”, y los embargó por 3 millones de pesos.


Por su parte a Arana lo procesó por “22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí. Defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con 7 hechos de falsificación ideológica de documentos” y “lavado de activos de origen delictivo”.


Por el presunto lavado de dinero también fue procesada Gisela Escolbar, la pareja de Arana y ex miembro de ATE, y Erik Enrique Moscoso Panozo.


La Justicia también dictó la falta de mérito (es decir que no hay pruebas ni para procesarlos ni para sobreseerlos) de Francisco Freire Acosta y Hugo Fabián Aguirre, dos operadores inmobiliarios que ofrecieron las viviendas sociales pero aún no se saber si a sabiendas de que formaban parte de una maniobra delictiva. Y de Martín Arana, hijo de Miguel.


Por último se dictó el sobreseimiento de Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín, quienes ofrecieron las viviendas sociales a otras personas pero que según el juez no tenían conocimiento de su procedencia ilícita.
Según los números compilados por la Justicia, la maniobra con las viviendas de ATE implicó una estafa de  $8.145.000 y U$S 52.000 dólares, lo que equivale a unos 10,4 millones de pesos.

Lavado de dinero

La investigación judicial logró avanzar en el interrogante acerca de qué hicieron algunos de los imputados para ingresar en el mercado legal de capitales, los importes obtenidos por la supuesta estafa con las viviendas.  
Para ello, “utilizaron la empresa vial “G&M” (creada por Escobar y manejada por Arana) que luego de inscripta, fue “adquiriendo poco a poco maquinaria vial y vehículos de gran porte, todos ellos de valores millonarios, abonados en cuotas mensuales, dando así una falsa apariencia de que abonaban los equipos con las utilidades del trabajo”.


“Con el caudal económico conseguido luego de cometer las estafas, montaron una empresa y compraron maquinaria vial para ir haciendo ingresar ese caudal, de manera gradual por una doble vía. Por un lado, con la compra de esa maquinaria y por otro, con la facturación producto de la explotación de esa maquinaria”, indica el auto de procesamiento.


De acuerdo al juez, la cara visible de las operaciones fue Arana, pero “en esta ocasión contó con la cooperación de su pareja Gisela Edith Escobar y de Erik Enrique Moscoso Panozo”.

El escándalo de las viviendas de ATE

Los procesados

Carlos Córdoba
22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí. Defraudación por administración fraudulenta. Embargo de 3 millones de pesos.

Lilian Carolina Galli
22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí. Defraudación por administración fraudulenta. Embargo de 3 millones de pesos.

Miguel Ángel Arana
22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí. Defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con 7 hechos de falsificación ideológica de documentos. Lavado de activos de origen delictivo. Embargo de 3 millones de pesos.

Gisela Edith Escobar
Lavado de activos de origen delictivo. Embargo de 3 millones de pesos.

Erik Enrique Moscoso Panozo
Lavado de activos de origen delictivo. Embargo de 3 millones de pesos.
El escándalo de las viviendas de ATE

Los principales involucrados

-Carlos Córdoba. Secretario General de ATE, filial Ushuaia, resultando así el máximo referente del sindicato en la ciudad. De los testimonios agregados a la causa surge que Córdoba y Miguel Arana eran los únicos que poseían un poder especial, otorgado por ATE a nivel nacional, para operar administrativamente sobre las “128 viviendas de las Barrancas del Río Pipo”. 
-Miguel Ángel Arana. Empleado de la Municipalidad de Ushuaia desde el año 2006. Perteneció a la comisión directiva del sindicato ATE, filial Ushuaia, desde el año 2010 hasta el año 2018, donde se ha desempeñado en la Comisión de Viviendas. A nivel nacional del mismo gremio ha ostentado el cargo de Secretario del Interior. Dentro de la Comisión de Viviendas tuvo funciones en la gestión y administración de soluciones habitacionales para los afiliados del sindicato. De las constancias agregadas a la causa surge que junto a Carlos Córdoba poseía un poder especial para actuar en nombre y representación de ATE en la gestión de viviendas.

-Lilian Carolina Galli. Integrante de la comisión directiva de ATE, filial Ushuaia. Se desempeña como Secretaria de Acción Social y bajo su órbita se encuentra la Comisión de Viviendas del sindicato, a la que pertenecía Miguel Ángel Arana.

-Gisela Escobar. Pareja de Arana y ex empleada de ATE. Inscribió a su nombre la empresa vial G&M con la que se adquirió maquinaria con fondos que habrían provenido de las estafas de las viviendas. Por eso la procesaron por lavado de dinero.
El escándalo de las viviendas de ATE

Cómo fue la maniobra

-La defraudación consistió en la venta de inmuebles de las denominadas “128 viviendas de las Barrancas del Río Pipo”, ubicadas en la ciudad de Ushuaia y a las que solo podían acceder empleados estatales afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
-Las viviendas son de carácter social, construidas con fondos públicos nacionales a través del programa “Techo Digno”, para cubrir la demanda habitacional de personas pertenecientes a ATE, filial Ushuaia, construidas sobre un terreno cedido por la Municipalidad de Ushuaia para ese fin y cuya construcción y contralor estuvo a cargo del Instituto Provincial de Viviendas (IPV). -Para acceder a las viviendas había que ser empleado del Estado en cualquiera de sus órbitas, afiliados al gremio de ATE., tener como mínimo dos años de residencia en la provincia, no poseer otras propiedades inmuebles en el país y no haber accedido en el pasado a otra solución habitacional del IPV.
-Pero los involucrados se quedaron con al menos 21 viviendas del complejo y se las vendieron a personas ajenas al sindicato. Después hicieron gestiones ante el IPV y ante el Gobierno provincial para que les autorizaran incluir en el listado de adjudicatarios a quienes les habían pagado por las casas.
-El negocio se vio truncado por los controles de admisibilidad que realizaron las autoridades del IPV, quienes detectaron casos que no reunían los requisitos y no accedieron a incorporar a esas personas en los listados de postulantes a las viviendas.