Manekenk se anticipó al incendio del aserradero El Litoral de Tolhuin

La asociación ambientalista había pedido la intervención de la Fiscalía de Estado, preocupada por la falta de controles sobre las quemas a cielo abierto y la acumulación de residuos generados por los aserraderos. El Fiscal se expidió una semana antes de que ocurriera el incendio en el establecimiento El Litoral.

El 23 de septiembre pasado, el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, emitió el dictamen 25/21 en el cual exhortó a las autoridades provinciales a fiscalizar y detener las quemas a cielo abierto en los aserraderos de Tolhuin hasta tanto no se logre el aprovechamiento de los residuos para evitar su acumulación, ni se reglamente adecuadamente y de conformidad a las normas vigentes, el uso del fuego en todas sus formas.

El Fiscal intervino ante una denuncia presentada por la Asociación Manekenk, que aportó notas periodísticas y declaraciones radiales del Jefe de Bomberos de la ciudad de Tolhuin que indicaban que los incendios en los aserraderos se estaban produciendo cada cuatro o cinco días, sobre todo en los días de viento.

“En las declaraciones se aprecia una preocupación dirigida no tanto a la tarea de combate del fuego -respecto del cual se dice que los protocolos estarían funcionando-, sino al hecho de que ni la Provincia ni las autoridades del Municipio estarían trabajando adecuadamente en la prevención y la regulación de la quema a cielo abierto de los residuos por parte de los aserraderos radicados en el lugar”, según se describe en el dictamen.

“En tal sentido se alude, entre otros factores, al aparente mal estado de las tolvas empleadas en los establecimientos madereros, a la cercanía de éstos con inmuebles destinados a vivienda y a la falta de atención a las condiciones climáticas antes de proceder a la quema”.

“El entrevistado termina apelando a la responsabilidad de los empresarios del sector a la hora de planificar las respectivas operaciones para evitar lo que asegura será un desastre de gran magnitud que difícilmente podría contenerse con los medios disponibles”.

Al respecto, Manekenk solicitó en su denuncia que se controle la actividad que generó los siniestros, que se tomen medidas, que se genere conciencia en los actores involucrados y que se indague si el Estado “aplicó la normativa vigente en la materia; si los titulares de los aserraderos cuentan con la habilitación de la autoridad de aplicación, cuáles son los controles que se efectúan, y si se aplicaron sanciones administrativas o penales”.

Una respuesta a medias

El Fiscal solicitó esta información al Ministerio de Producción y Ambiente y sobre el particular recibió como respuesta, de parte de la titular de la cartera, Sonia Castiglione, que,  “históricamente, se vendrían repitiendo prácticas inseguras en la zona en la gestión de residuos forestales las cuales habrían sido conocidas por anteriores gestiones del Gobierno provincial, pese a lo cual no se habrían tomado acciones correctivas”.

“Estas prácticas nocivas vendrían dadas por la acumulación de volúmenes de residuos no tratados, la falta de medidas de seguridad a la hora de abordarlos y la tramitación de habilitaciones precarias en el Municipio prescindiendo del apto de Bomberos”.

Al respecto, afirmó que, si bien la “quema controlada” sería una alternativa permitida normativamente, en el marco de la sostenibilidad entiende necesario impulsar otras alternativas de transformación de los residuos para fomentar el mayor uso posible de los productos que se obtienen del bosque, además de velar por un ambiente sano y libre de humo en la ciudad”.

Al referirse específicamente al abordaje efectuado por el Ministerio para la prevención del riesgo de incendio forestal, a los siniestros mencionados por la denunciante los calificó como “de interfase y/o estructurales”, negando su carácter “forestal” y “la aplicación de la normativa de protección de bosques”, por producirse dentro de las instalaciones de un aserradero. Con este argumento, Castiglione deslindó la responsabilidad de su supresión, combate, fiscalización y sanción a las autoridades municipales en cabeza del área de Defensa Civil.

En cuanto a las tareas de prevención, el detalle se limita a visitas a los aserraderos para informar los protocolos y el inicio de la temporada de alto riesgo y otras tareas de prevención menores. No obstante, Castiglione omitió entregar al Fiscal una copia del Plan de Auditoría Ambiental de aserraderos y emprendimientos de producción forestal, copias de las actas de inspección del año 2021 sobre los establecimientos madereros, y sumarios iniciados sobre irregularidades detectadas en los aserraderos de la provincia, que la funcionaria no brindó.

Tampoco entregó una copia certificada del Plan Operativo Anual de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego que se le requirió al igual que un informe técnico y jurídico que se expida sobre la legalidad de la quema de residuos forestales en los aserraderos.

A la hora de emitir su dictamen, el Fiscal enumeró las leyes nacionales vigentes que prohíben las quemas a cielo abierto y observó que “a excepción de la ley 26.331, el ordenamiento jurídico fueguino no ha conseguido instituir marcos legales complementarios actualizados de las demás leyes de presupuestos mínimos federales mencionadas hasta aquí” y consideró que las explicaciones brindadas por Castiglione, “no permiten corroborar que la Autoridad de Aplicación haya reglamentado adecuadamente el trámite, requisitos y alcances de las autorizaciones de quema de estos desechos, como lo exigen las normas enumeradas en este dictamen”.

Las falencias

El Fiscal responsabilizó al Ministerio de Producción y Ambiente respecto de la fiscalización y control de los establecimientos, y dijo que “la emisión de habilitaciones precarias locales por parte del Municipio que -según afirma la funcionaria- no contarían con el apto de Bomberos, no enerva el ámbito de actuación de la Autoridad de Aplicación provincial, quien no debe desentenderse de la prevención y el control de la quema”.

“Las normas son claras, y la interpretación de la funcionaria conforme la cual la Provincia carecería de competencias para aplicar sanciones administrativas a los establecimientos madereros no parece justificada, máxime que no viene acompañada de un dictamen jurídico que la abone con fundamentos sólidos”.

De esta forma, el Fiscal exhortó a Castiglione “a reglamentar adecuadamente y de conformidad a las normas vigentes, el uso del fuego en todas sus formas; en particular, en lo que es motivo de denuncia, concerniente a la quema de desechos no maderables de la industria forestal”.

Asimismo, “deberá disponerse la fiscalización y control periódico de estos establecimientos a fin de verificarse que sus instalaciones y equipamiento se ajusten a los estándares de seguridad en materia de prevención de incendios, ejerciendo el poder de policía ambiental y solicitando la colaboración de los cuerpos activos de bomberos y de Defensa Civil e incluso de las propias municipalidades”.

A este respecto debe tenerse presente que las atribuciones que confiere a la Provincia el ordenamiento federal no se limitan a un mero rol de asesoramiento o promoción de la industria maderera, sino que le obligan a actuar positivamente en la protección del medio ambiente, habilitándola a actuar por Si misma”, afirmó el funcionario.

“Si bien se comprende que el problema puede provenir, como dice la Sra. Ministro, de larga data y sin que anteriores gestiones se hayan ocupado del asunto, lo cierto es que, según lo indica la jurisprudencia, producido un suceso fatídico, si fue previsible, ello no libera de responsabilidad a los actuales funcionarios”.

“Al contrario, la omisión en materia de poder de policía puede constituir fuente de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal de los agentes y funcionarios de la Administración que tienen a su cargo la obligación de tomar decisiones para velar por el cumplimiento de las normas y no lo hacen, máxime cuando se encuentran anoticiados del asunto a través del pedido de un particular”, concluye el dictamen.