Quieren restringir el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales

Los casos policiales protagonizados por extranjeros derivan en polémicas discusiones sobre el ingreso de inmigrantes al país. Recientemente, el debate se dio en torno al menor acusado de matar a Brian Aguinaco (14), en Flores, quien fue deportado a Perú. Lo cierto es que si el Gobierno -en la postura más extrema- optara por cerrar las fronteras, esa decisión apenas si movería el amperímetro de la criminalidad en Argentina.

De acuerdo a los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena -actualizados a fines de 2015- de los 71.464 presos que conforman la población penitenciaria nacional, 4.307 son extranjeros (6 %). Es decir que el 94 % de quienes cumplen condena por haber cometido algún delito son argentinos. La misma proporción que se arrojaba en 2012.

La participación de personas de otras nacionalidades en delitos es directamente proporcional al nivel de inmigración dentro del país. De acuerdo al último censo del Indec, en 2010, con una población total de más de 40 millones de habitantes se registraron 1.805.957 extranjeros (4,5 %); cifra que se mantiene desde 2001 cuando el porcentaje de inmigrantes era de 4,2 %.

Actualizado a 2015, la ONU estima que somos más de 43 millones y que el porcentaje de inmigrantes creció a un 4,8 % (poco más de 2 millones). Según esa información, Argentina es el país de Sudamérica con mayor representación de inmigrantes dentro de su población, seguido por Venezuela y Chile.

De acuerdo a las cifras de la Dirección de Migraciones, la población extranjera proviene en un 90 % de América y es miembro del Mercosur. Desde 2002 los países de Sudamérica acordaron la libre residencia con derecho a trabajar entre sus ciudadanos, sin otro requisito que acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes penales. Esto permite realizar los trámites de radicación de manera más sencilla.

En el primer cuatrimestre de 2016 Migraciones tramitó 35.776 radicaciones permanentes. De ese total, más del 40 % (14.621) fueron de personas de origen paraguayo. A ellos le siguieron habitantes provenientes de Bolivia (21%) , Perú (10%), Brasil (7%) y Colombia (5%).

Del total de nuevos residentes, más del 50% se aloja en la Provincia de Buenos Aires mientras que el 31 % se radica en la Ciudad de Buenos Aires. De 2011 a 2015 se realizaron 632.440 radicaciones permanentes. En su mayoría se trató de habitantes provenientes de Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Brasil.

Por eso no sorprende que dentro de los extranjeros alojados en cárceles argentinas esas sean las nacionalidades con mayor presencia. En 2015 de los más de 4.000 presos extranjeros, 1.400 eran de nacionalidad paraguaya, 782 peruana, 731 boliviana, 350 chilena y 330 uruguaya.

En materia de expulsiones, la última información estadística disponible es del período 2009-2010. En ese año se expulsaron 1.330 personas: 736 por no cumplir el Artículo 29 de la Ley 25.871 que impide la permanencia de extranjeros que hayan sido condenados o tengan antecedentes por delitos con penas de más de 3 años de prisión; y 594 por violar el Artículo 61 de la Ley 25871 por no tener los papeles de permanencia al día.

La existencia de una condena social a los inmigrantes entró en agenda el año pasado cuando el senador peronista Miguel Pichetto, declaró: “El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”.

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