Volverán a indagar a algunos acusados

Es por la aparición de más damnificados. Investigan la presunta venta de viviendas sociales a personas ajenas al sindicato estatal. El juez De Gamas Soler volverá a citar a parte de los acusados para imputarle los hechos nuevos.

La Justicia de Ushuaia volverá a indagar a algunos de los diez imputados que tiene la causa penal donde se investiga la presunta venta de viviendas sociales de un complejo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a personas particulares ajenas al sindicato, según confirmaron ayer a EDFM distintas fuentes vinculadas al caso.


La ampliación de las indagatorias, que todavía no tienen fechas definidas, obedece a la aparición de “hechos nuevos” surgidos a partir de diferentes declaraciones testimoniales prestadas a fines del año pasado, dijeron los voceros consultados.


Los investigadores lograron demostrar la existencia de más personas que pagaron cifras de dinero diversas (algunas cercanas a los 700 mil pesos) a cambio de una casa del complejo de ATE que fue construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y que tenía como destinatarios exclusivos a los afiliados al principal sindicato estatal de la provincia.


A raíz de ello, el juez de instrucción Javier De Gamas Soler envió las actuaciones al fiscal de Ushuaia Nicolás Arias para que precise estos nuevos hechos y amplíe el requerimiento de instrucción.


De esta forma, el juez quedará habilitado para volver a indagar a los acusados (no a todos, sino a algunos) e imputarle formalmente los episodios delictivos que se sumaron a los anteriores.


Los imputados, entre quienes se encuentra el propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, declararon por primera vez en octubre de 2018.


Varios de ellos propusieron, a través de sus abogados defensores, la citación de nuevos testigos (alrededor de 20 personas) con lo que el tribunal produjo esa prueba antes de avanzar en nuevas definiciones.


Además de las versiones brindadas por los acusados surgió la existencia de nuevos damnificados por el mismo modus operandi de los casos ya conocidos.


“Más allá de la complejidad de la investigación, lo importante es que con el paso de los meses se va aclarando cómo fue la maniobra y quiénes fueron lo que la protagonizaron”, indicaron los voceros judiciales.


Córdoba fue uno de los primeros indagados de la causa, y aunque se negó a declarar, presentó un escrito donde brindó una explicación sobre uno de los audios que lo compromete.


En el audio extraído del teléfono de Daniel Belbey, el ex integrante de la comisión de viviendas de ATE relacionado con el caso que se quitó la vida el 1 de junio del año pasado, cuando los hechos se hicieron públicos, Córdoba utilizó la frase “no me trajiste verdes”.


El fiscal Arias interpretó que el gremialista se refería “a la entrega de moneda extranjera por el supuesto pago para acceder a los listados de las viviendas”.


Sobre ello, Córdoba detalló en el escrito que, en realidad, le había prestado dólares a Belbey, y que su ex compañero de comisión directiva “se los estaba devolviendo en pesos”, de ahí su comentario acerca de si le había “traído los verdes”.


Por otra parte, el sindicalista admitió que fue al IPV a realizar gestiones vinculadas con la construcción del barrio social en Barrancas del Río Pipo, pero negó haber solicitado la incorporación al listado de beneficiarios de viviendas de personas ajenas al gremio.


En ese punto, la afirmación de Córdoba se contradice con el testimonio prestado en la causa por la directora general del IPV, Marta Susana Benítez, quien declaró que tras el rechazo de siete postulantes que no resultaban afiliados, Córdoba “insistió respecto a la incorporación de los mismos a los listados de aspirantes, aún sin encontrarse afiliados al gremio”.


Según el fiscal Arias, la gestión del dirigente de ATE fue realizada “en compañía de Lilian Galli” y “en al menos dos oportunidades, coincidiendo con la nota presentada por Córdoba al ministro de Gobierno solicitando la inclusión de personas ajenas al gremio”.


Galli es otra integrante de la comisión directiva de ATE, ex secretaria de Acción Social, también imputada en la causa.

Los involucrados

Además de Córdoba y de Galli, declaró como imputado Enrique Moscozo Panozo, quien figura como titular de cheques con los que se adquirieron maquinarias viales para la empresa de Miguel Arana (otro imputado, integrante de la comisión de viviendas de ATE) y su pareja, Gisela Escobar, y que a su vez después figura en un contrato de comodato por el uso de esas mismas máquinas.


Esta parte de la causa es la que está enfocada en investigar si existió “lavado de dinero” en la hipótesis de que parte del dinero surgido de la operatoria de las viviendas se podría haber utilizado para comprar máquinas viales, luego alquiladas a terceros, entre ellos varios organismos públicos. Esas maquinarias ya fueron embargadas por la justicia y cedidas al Gobierno en calidad de depositario judicial.


El cronograma de citaciones a prestar declaración indagatoria continuó con Francisco Freire Acosta, titular de la inmobiliaria “Proyectos Inmobiliarios S.R.L”, donde se ofrecieron algunas de las viviendas de ATE (hay que ver si con o sin conocimiento de la maniobra) y con Hugo Fabián Aguirre, relacionado también con la inmobiliaria.


También fueron indagados Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín, ambos acusados de haber actuado como intermediarios, y Martín Arana (hijo de Miguel).


Los últimos en declarar fueron Gisela Escobar y Miguel Arana.

El caso

El fiscal Arias explicó en una ampliación del requerimiento de instrucción, que el caso involucra a la operatoria de construcción de 128 viviendas sociales en la zona de Barrancas del Río Pipo.


Las casas fueron edificadas por el IPV con fondos del programa nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad, y estaba destinadas íntegramente a afiliados a ATE.


Tanto es así que para acceder al listado de posibles beneficiarios hacía falta ser empleado del Estado provincial, estar afiliado a ATE, tener como mínimo dos años de residencia en la provincia, no poseer otras propiedades inmuebles en el país y no haber accedido en el pasado a otra solución habitacional del IPV.


El gremio realizó un sorteo público de los 128 beneficiados en 2011, pero como el IPV rechazó luego parte de ese listado (unos 50 casos) por no cumplir con los requisitos, los gremialistas debían sustituir esos nombres por otros, y fue allí donde se habría pergeñado la maniobra consistente en venderles esos lugares a personas ajenas al sindicato.


En total, la defraudación está cuantificada en casi $10,3 millones, compuestos por $8.145.000 y 52 mil dólares.